Por: @lejandrogonzaleztv

Fotos: Cortesía Web

La plataforma de reparto Glovo ha anunciado un cambio trascendental en su modelo de negocio al confirmar que comenzará a contratar a sus repartidores como empleados, dejando atrás el esquema de autónomos que ha caracterizado sus operaciones hasta ahora. Según datos compartidos por la compañía, esta decisión afectará a unos 15.000 trabajadores.

Este giro llega tras años de disputas legales en las que la justicia española ha señalado de manera reiterada que Glovo operaba bajo un modelo de falsos autónomos. Las críticas se intensificaron con la aprobación de la "Ley Rider" en 2021, una normativa diseñada para garantizar derechos laborales a los repartidores y exigir que las empresas los integren como parte de su plantilla. 

Glovo, conocida por desafiar abiertamente el cumplimiento de esta legislación, había suscitado polémica tanto en el ámbito judicial como entre sus competidores, quienes consideraban injusta su postura. Este cambio, aunque tardío, marca un antes y un después no solo para la compañía, sino para el sector del reparto a domicilio.

Sin embargo, la decisión no llega en el mejor momento. A nivel financiero, Glovo atraviesa una etapa complicada y enfrenta un duro reto legal: su CEO, Oscar Pierre, está citado a declarar este miércoles en Barcelona, ​​imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Esta es la primera vez que la empresa enfrenta cargos penales, aunque su historial está plagado de multas e investigaciones que aún esperan una resolución definitiva.

La Ley Rider y el respaldo de Yolanda Díaz

“Las leyes están para cumplirlas. Lo hemos dicho: sin excepciones. Ninguna gran empresa está por encima de una ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor"

Aunque Glovo insiste en que siempre ha cumplido con la ley, su historial y los numerosos litigios abiertos reflejan una realidad diferente. Este cambio, aunque tardío y bajo presión, podría ser el primer paso hacia una nueva etapa para la empresa, que busca reparar su imagen en un modelo empresarial.

Aunque otras plataformas, como Just Eat, cumplieron rápidamente con la normativa, Glovo se resistió, generando una cascada de litigios. Ahora, el giro en su política parece ser más una respuesta a la presión judicial y económica.

El impacto en los trabajadores y el sector

En el sector, esta medida podría nivelar la competitividad entre las empresas, poniendo fin a lo que Just Eat considera una "práctica desleal". Pero también podría encarecer el servicio de entrega a domicilio, afectando la percepción del usuario final y obligando a las plataformas a redefinir sus modelos de negocio.

El futuro de Glovo

El movimiento de Glovo no solo es un intento por cumplir con la Ley Rider, sino también por frenar la sangría económica derivada de las multas y las denuncias. Sin embargo, el reto no termina aquí. La compañía debe enfrentar los procedimientos judiciales pendientes y el posible pago de sanciones multimillonarias, lo que podría determinar su viabilidad a largo plazo.

Delivery Hero, como accionista principal, parece comprometido con sostener la operación de Glovo, pero el impacto financiero podría limitar su capacidad para expandirse o innovar en el corto plazo.

Conclusión

El anuncio de Glovo de contratar a sus repartidores representa un punto de inflexión en el sector de reparto a domicilio en España. Pero más allá del impacto inmediato, deja en evidencia las tensiones entre el crecimiento rápido de las startups tecnológicas y las exigencias de cumplir con las normativas laborales en un entorno cada vez más regulado.

Con esta decisión, Glovo busca cerrar un capítulo lleno de polémicas y dar pasos hacia una relación más transparente y justa con sus repartidores. No obstante, las dudas sobre cómo gestionará las demandas judiciales y los desafíos financieros aún persisten, manteniendo al sector en vilo mientras este cambio histórico comienza a tomar forma.