Miles de venezolanos en Estados Unidos viven hoy bajo una nube de incertidumbre, tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y la polémica activación de una ley que data del siglo XVIII para justificar deportaciones masivas.
¿Qué está pasando?
Desde marzo de este año, el gobierno estadounidense ha comenzado a deportar ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales, como el Tren de Aragua, usando una legislación conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros (1798). Esta norma, pensada originalmente para tiempos de guerra, permite la expulsión inmediata de extranjeros considerados “peligrosos” sin necesidad de un juicio previo.
Pero la controversia estalló cuando salieron vuelos con más de 200 venezolanos rumbo a El Salvador, sin que la mayoría tuviera antecedentes penales ni vínculos probados con actividades delictivas. En muchos casos, se trató de solicitantes de asilo o migrantes que tenían su proceso migratorio en trámite.
¿Qué dicen los jueces?
Varios tribunales federales han emitido medidas cautelares para frenar estas deportaciones. Sin embargo, en algunos casos, como el del Centro de Detención del Condado de Orange (California), las autoridades ignoraron la orden judicial y los vuelos continuaron.
El Tribunal Supremo de EE. UU. no ha bloqueado del todo las deportaciones, pero exige que se respete el debido proceso. Es decir, que se notifique a los migrantes con antelación y se les permita apelar antes de ser expulsados del país.
Fin del TPS: otro golpe a la comunidad
Como si no fuera suficiente, el gobierno también ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, dejando en el limbo a más de 500.000 personas que hasta hace poco podían trabajar y residir legalmente en EE. UU.
Esto significa que miles de familias quedan expuestas a arrestos y deportaciones inmediatas, incluyendo personas que han vivido durante años en el país, tienen hijos nacidos en suelo estadounidense o estaban esperando respuesta a sus solicitudes de asilo.
Historias que duelen
Uno de los casos más emblemáticos es el de Gregory Sanabria, un ex preso político venezolano detenido por ICE mientras esperaba una respuesta a su solicitud de asilo. “Me sacaron de la casa sin decirme nada”, relató su esposa entre lágrimas.
Otras personas han sido llevadas directamente a prisiones de máxima seguridad en El Salvador, sin contacto con abogados ni sus familias, bajo la etiqueta de “peligrosos”, aunque el 90 % no tenía antecedentes penales.
¿Qué opciones tienen los migrantes?
Frente al temor generalizado, el gobierno también ha impulsado la “auto-deportación”, ofreciendo vuelos voluntarios y un incentivo económico de $1.000 dólares a quienes decidan irse por su cuenta. Muchos han aceptado por miedo a ser detenidos y deportados a países donde su vida podría estar en riesgo.
¿Qué hacer como comunidad?
- Buscar asesoría legal inmediata. ONG y abogados están prestando apoyo gratuito o de bajo costo.
- Evitar dar información personal sin presencia legal.
- Estar atentos a notificaciones oficiales. ICE debe comunicar con tiempo antes de ejecutar una deportación.
- Unirse y alzar la voz. La presión comunitaria y el respaldo de legisladores han logrado frenar deportaciones en varios estados.
Fuente: Periodistas Onda Hispana Radio | Basado en datos de la ONU, ICE, The Washington Post, Reuters y tribunales federales.
